Finalmente se conoció el fallo de la Justicia para los responsables de la muerte de Tahiel Contreras. Nahuel Olivera y Alexis Escribanti fueron condenados a 14 y a 10 años de prisión, respectivamente, por ocasionar la muerte del nene de 6 años, hecho que ocurrió en septiembre de 2020, en Gregorio de Laferrere. Ese día, los condenados corrían una picada ilegal y, producto del despiste de uno de ellos, Tahiel fue atropellado y murió en el acto.
“Nunca se puede festejar un fallo cuando hay un nene muerto y donde dos jóvenes van a perder gran parte de su vida en prisión. No hay nada que celebrar, solo hacer una profunda reflexión como sociedad para que estas cosas no pasen nunca más. Hoy los jueces entendieron que este hecho se trató de un homicidio vial y condenó a los responsables como tales. Nada va a reparar ni curar el dolor de esta familia, pero el fallo de la Justicia de esta tarde les va a traer algo de paz. Como lo hicimos desde un primer momento, seguiremos acompañando a los padres de Tahiel en todo lo que necesiten”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Picada

En la tarde del hecho en el que murió Tahiel, Escribanti y Olivera corrían una carrera ilegal con sus vehículos a gran velocidad, y por el despiste de uno de ellos, provocaron un siniestro vial contra otro auto, que atropelló y terminó con la vida del pequeño.  
Desde el inicio de la causa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó a la Justicia ser aceptada como “Amicus Curiae”, y tras la aceptación, colaboró poniendo recursos técnicos a disposición de la Fiscalía que llevó adelante la investigación.
Además, la ANSV también se comunicó inmediatamente con Noelia y Luciano, los padres de Tahiel, para para brindarles contención a través de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales (Línea 149 opción 2). Desde la red se les brindó tratamiento psicológico, asesoramiento legal y asistencia económica.

Proyecto de Ley

El proyecto de Ley Tahiel – Kevin fue elaborado por la ANSV y presentado en el Congreso de la Nación en octubre de 2020. El proyecto busca, principalmente, crear la figura de homicidio vial, equiparándola a la de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales.
La iniciativa también contempla otros aspectos, como darse a la fuga o no intentar socorrer a la víctima, conducir bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, exceder los límites de velocidad permitida, conducir sin la correspondiente habilitación o violar las reglas de tránsito, entre otros. El proyecto actualmente está a la espera de tratamiento parlamentario.